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Uno de los argumentos principales para despojar a la familia Urbina Rivas de su finca, es que la vendieron a la familia Somoza en los años 70, y que por eso fueron confiscados. Prueba de ello era la declaración del notario Mario Quintanilla, pero éste asegura no poder dar fe de tal hecho, como lo sostienen los socios del IPSM

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